ORGANIZACIÓN CÍVICA DE IMPULSO SOCIAL
Confederada a Ciudadanos de Centro Democrático [CCD]

ULTIMA HORA INFORMATIVA

30 dic. 2010

Ingeniería social

90Mil Ciudadanos Digital
.:: Artículos de Opinión :: P. Carbajo, Eneas*

.:: "Acaso para otros el Gobierno será el objetivo, para nosotros el Gobierno es el instrumento. Acaso para otros el Gobierno es la meta, para nosotros es el camino" [declaración de principios de Rodriguez Zapatero].

.:: ¿Que el Sr. Zapatero es zafio, demagogo y oportunista? Seguramente. ¿Que también puede ser incompetente para dirigir un colectivo, y no digamos un Gobierno? Posible. Pero aún estando de acuerdo con estas presuntas deficiencias personales, deberíamos volver a leer detenidamente el primer párrafo de este escrito: "El Gobierno es el camino, el instrumento". ¿Para garantizar deberes y derechos comunes de los ciudadanos? ¿O más bien para otros fines mesiánicos, como puede ser el transformar la sociedad a modo y manera de sus pensamientos? Aquí está el trasunto que protagoniza este artículo, amigo lector.

.:: La declaración de principios del Sr. Zapatero es más bien 'ingeniería social'. Aplicada presuntamente con el fin de transformar y pervertir a la sociedad. Con el fin de destruir los principios y valores éticos, históricos y religiosos de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Con el empeño de incluso denigrar el concepto moral de familia, a través de un proyecto político que sólo los iluminados y sus feligreses tienen en mente. En suma, parece que los principios del Sr. Zapatero, muy insensatamente desagradecidos con el recorrido histórico que nos ha traído hasta aquí, pasan por acabar con la identidad política, social y territorial de España. Un Gobierno que pretende adaptar la nación a un nuevo modelo de ciudadano -ciudadanos burgueses de low cost, con escasa o nula exigencia- que también se aboca a un proceso deconstructivo. Ciudadanos sumidos en el cutrelux; sometidos al adoctrinamiento subliminal, a la dictadura mediática de lo mediocre y al bajo perfil individual. Y en una nación de tal calibre no hay lugar para progreso alguno; ni para la objeción de conciencia; ni para la vida misma.

.:: Las palabras pueden creerse más o menos, pero los hechos son siempre incontestables. La 'ingeniería social' del proyecto Zapatero asoma con trazos gruesos. Entre otros 'hitos', ahí están algunos que piden mármol negro no siempre por su concepto, sino sobre todo por su desarrollo: la Ley de Memoría Histórica, la Alianza de las Civilizaciones, la Ley de Educación para la Ciudadanía, la Ley del Aborto -libre y sin casi contemplaciones- y la Ley de Violencia de Género. Todos estos 'logros' tienen consecuencias comunes: desmontaje de la nación, cambio en la letra generacional de la Historia.

.:: Mientras el Sr. Zapatero prosigue su 'camino' y cumple su meta, a través de estos y otros trazos -más o menos profundos, unos; apartados, otros; en proceso, los más- los ciudadanos nos vemos sobrepasados por los desastres cotidianos. Una coyuntura de crisis que a todos nos afecta, de una u otra manera; y cuya virulencia siempre será más acusada por los débiles: las clases medias, las pymes, los desempleados, los jubilados, los sociodependientes. Esos mismos, los débiles que el Presidente decía defender, son hoy los más castigados mediante una gestión pública manifiestamente inepta. Una coyuntura de crisis que es, decimos, acusada para los débiles pero en absoluto para los pudientes y poderosos, que esquilman a los menos favorecidos, blindan judicial y económicamente su impunidad y aumentan impúdicamente sus sueldos o jubilaciones hasta decir basta.

.:: La demagogia y la propaganda al servicio de los principios del Sr. Zapatero, tanto en medios de comunicación como institucionales, sostienen artificialmente el rumbo de un Gobierno que socaba los más básicos conceptos de la democracia y el estado de derecho; un Ejecutivo que salva sus proyectos a base de repartir fondos del Estado o hipotecar las estructuras para comprar apoyos: ayer fue el PNV y CC, hoy el PSC, mañana mismo CiU. El Gobierno no sólo reparte recursos: también el propio Estado; a trozos, al peso, a la carta vía competencias. Las exigencias de los nacionalistas, por ejemplo, disfrutan de luz verde permanente; luz que propicia el paso de estatutos anticonstitucionales, tensiones identitarias o algaradas bárbaras de ciudadanos enfrentados por banderas y lenguas. La oposición política no acierta a establecer su propio rumbo, lo cual propicia a veces su domesticación por obligación y a veces su autoanulación por conveniencia. Tanto nacionalistas como oposición parecen estar 'controlados', ya sea mediante la construcción de "un cordón sanitario" -como decía Luppi, el amigo argentino- o por la omnipotencia del Estado. Arrinconarlos es la clave, para lo cual es preciso que el propio Gobierno socialista 'reinvente', fíjese usted, un nuevo Partido Popular: más dócil a las maquinaciones socialistas, renegado de sus valores históricos de partido. Todo al servicio de ese nuevo Estado oligárquico que propone un tal José Luis Rodriguez Zapatero.

.:: Podría ser un golpe mortal a la declaración de principios del Sr. Presidente -y muy de agradecer, sin duda- que la mayor parte de la población decidiese finalmente no refrendar la continuidad del proyecto del presente colectivo ministerial. Una decisión expresada un día de urnas, allá por el 2012; o bien adelantada, tras monumental huelga general sin tan siquiera con el concurso de los sindicatos. Una rebeldía colectiva, con tintes de revolución. Tal golpe tendría un eco inmediato en Cataluña, donde un PSC obsesionado por levantar frontera con el PSOE podría vivir su definitivo crack. Y también en otras Comunidades, obligando a repensar el mapa autonómico e incluso la Constitución. Una rebeldía que abra una nueva era, consciente entre otras cosas de la necesidad de un nuevo formato del socialismo. Y necesidad de un nuevo pacto social que permita no sólo una salida a la crisis, sino el trayecto posterior a ella.

.:: Vista y analizada hasta la 'ingeniería social' de Moncloa, sólo ese camino supera al del Sr. Zapatero. Esa recuperación de la responsabilidad política ciudadana que lleva al pueblo español a decidir cuándo y cómo su máximo gestor debe desaparecer. Del Gobierno, de sus vidas y de sus haciendas.
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*Miembro del Equipo Promotor de 90Mil Ciudadanos

7 oct. 2010

Sr. Zapatero, está usted despedido !

90Mil Ciudadanos Digital .:: Artículo de Opinión ::.
P. Carbajo, Eneas*

.:: La desesperación está en el ánimo de cerca de 5.000.000 de personas en España. Un grito apagado de angustia nos oprime el corazón. Nos seca la garganta de repetirlo constantemente, de oírlo todos los días y en todos los medios a los que podemos acceder. Un grito de impotencia, de llamada de auxilio a la que extrañamente no podemos responder. Ciudadanos que no tienen la esperanza de encontrar un puesto de trabajo, porque no lo hay. Y si alguno lo encuentra, otro lo pierde, y el número se mantiene o se incrementa. Más de 2.000.000 ya son parados de larga duración, sin derecho a ningún tipo de prestación. Un 40 % de jóvenes parados. En suma, que una cifra superior al 20 % de la población trabajadora está en el desempleo; y en muchas familias, lo están todos sus miembros. Duplicamos la media de tasa de paro de la Unión Europea. Una media que, de nos ser por España, estaría en niveles muy inferiores a los actuales. Ah, y un creciente segmento de jubilados que viven en la angustia permanente.

.:: Somos los campeones del paro. Pero también de la ineficacia. Campeones del desmoronamiento en todos lo frentes: políticos, económicos, éticos, educativos, de vivienda. Un constante deterioro del I+D+I, con recorte insensato de presupuestos que hacen que nuestros valores científicos tengan que marcharse al extranjero para poder subsistir y desarrollar sus investigaciones. Este desastre, pergeñado en tiempo récord, ha sido capaz de igualar y superar el provocado por otro gobierno, precisamente del mismo signo ideológico: el que padecimos en tiempos de Felipe Gonzalez, a quien por lo menos se le tenía más respeto como Presidente. Hoy ya no cabe vanagloriarse de haber superado a Italia; o menospreciar impúdicamente a países humildes como Grecia o Portugal, que en muchos aspectos nos aventajan con creces. Tampoco cabe el fatuo triunfalismo de afirmar que pronto superaríamos a Francia, ni que su presidente el Sr. Sarkozy -incluso Obama- nos va a tener envidia, ¿de qué? Quo vadis, Sr. Rodríguez Zapatero, empleado público. Está usted nominado para abandonar Moncloa.

.:: Porque ahora, cuando a usted se le acaban los atajos y los talonarios, sí nos dice que seguiremos teniendo unos años sucesivos muy duros. Evidentemente. Y que la tan negada crisis, ni tiene brotes verdes ni nada que se le parezca hasta por lo menos el 2014. Su mentira, sus eufemismos de tres al cuarto, la crisis más gorda jamás contada, la estamos notando todos. Con subidas de impuestos generalizada -ese aumento de un IVA del que nadie se escapa, pero que afecta principalmente a los más débiles-y con ese grosero e inoportuno incremento tarifario de los servicios energéticos, siempre de cuestionable calidad. Con una congelación de pensiones, que va a suponer una disminución del 2 % de las mismas al no aplicarse el aumento del coste de la vida -según dictaba el Pacto de Toledo, pacto que nadie se había atrevido a romper salvo este gobierno socialista- y con un soberano recorte de los salarios de los funcionarios. Con un descalabro absoluto en la gestión económica destinada a fortalecer las infraestructuras -castigadas con un esparadrapo llamado Plan E- y con un aumento en el IRPF para recaudar dinero que tape los agujeros del despilfarro de las corrupciones. Ni qué mentar sobre las políticas de inmigración, de sanidad, sobre las familias, el sistema judicial, la reforma de la ley de educación. O el entreguismo, que no transferencia, de competencias al servicio de proyectos políticos declaradamente secesionistas, anti constitucionales y anti democráticos de algunas CC.AA. Está usted nominado, Sr. Zapatero, porque además se atreve a confesarnos que "no tiene una idea clara de España". Pésimo.

.:: Pero, tras nominarle y esperar a que la agonía de su Gobierno sea lo más corta posible, por el bien nuestro básicamente, ¿qué hacer?

.:: ¿Qué puede hacer el pueblo español, soberano, para poder enderezar este inmenso entuerto, uno más de la política de este gobierno o, por ser más exactos, de este Presidente? ¿Sólo poder rebajarle de categoría, escribiendo su cargo con la inicial en minúscula? No, tiene que haber algo más. De lo contrario, algo falla en nuestro sistema democrático cuando un gobierno -o un personaje de tal estilo- no se puede revocar en casos de dramática gestión como la actual. Algo no funciona cuando no hay cláusulas de despido automático para un trabajador -Zapatero es un empleado público contratado a través de las urnas- que perjudica alevosamente los intereses de su empresa: el conjunto de la ciudadanía. Cuando no hay sanción ejemplar si el contratado supera ciertos porcentajes negativos -nefasta productividad- o la media de los mismos comparados con la UE. Lo peor, cuando el empleado se sitúa deliberadamente a años luz del más básico decálogo del buen gobernante. Insostenible. No podemos esperar a seguir abocados a la miseria general. Y menos si, tal como presentimos y usted confirma, no va a tener la decencia de dimitir y convocar elecciones anticipadas. La excusa de que se le votó para gobernar durante 4 años no vale. En cualquier empresa, y por motivos más nimios, un trabajador estaría en la calle. Los motivos de usted son para enviarle al espacio, con billete de ida. Está usted en tiempo de descuento, Sr. Zapatero, por más que haga cambios para ganarlo -triste y patético el panorama de sus ministros-. Mientras, los ciudadanos necesitamos cláusulas de salvaguarda para que algo así, como lo suyo, no nos vuelva a ocurrir.

.:: Un argumento incontestable que avala lo necesario, procedente y legítimo del despido: ¿que hay ese 20 % de parados, y subiendo?, aviso; ¿y que su Gobierno no es capaz de afrontarlo?, Sr. Presidente, está Vd. despedido. A lo peor no es la solución definitiva a nuestros problemas, pero sí nos brindará la posibilidad de vislumbrar otras alternativas. Además, caben muchos más argumentos para activar este camino, tantos como los que forman la larga lista de agravios y desprestigios -dentro y fuera de nuestras fronteras- sufridos por el pueblo español. Agravios que por sí solos debieran facultarnos a los contribuyentes para romper el contrato social que vincula nuestros bolsillos , vidas y haciendas a una cohorte vacua de personajes del gobierno, secretarios generales, amiguetes corruptos varios y clacas mercenarias subvencionadas. Todos despedidos, lo tenemos clarísimo.

*Miembro del Equipo Promotor de 90Mil Ciudadanos

13 ago. 2010

Tahúres del Guadalquivir

90Mil Ciudadanos Digital .:: Artículo de Opinión ::.
P. Carbajo, Eneas*
.:: Cuando se cumplieron los 30 años, ya se veía venir que la vida de la Constitución de 1978 tocaba a su fin. Los partidos independentistas arreciaron en su acometida contra la misma y también hacia todo lo que significase España. El gusto por celebrar el aniversario me acabó pareciendo un intento de alargar la agonía de un difunto, al que trataron de matar incluso desde el mismo Gobierno de la nación. Y es que la Constitución, querido lector, no tenía ni tiene aún el respaldo sincero de aquellos que juraron acatarla y hacerla respetar. En las cocinas políticas se guisan permanentemente maniobras que huelen mal para que, entre otras cosas, se cumpla aquello de que “la nación es un concepto discutido y discutible”. Grave. Tal posicionamiento sale, fíjese usted por dónde, del propio Presidente, más interesado en la división de la nación que en la armonización del conjunto ciudadano.

Y así, nos vemos abocados a sufrir una larga etapa oscurantista, de descomposición económica y social. Estos años serán recordados en la Historia como ignominiosos, sumándose a otros de los que pensábamos y jurábamos que nunca volveríamos a repetir. Los niños del futuro en sus eLibros de texto, leerán con cierta vergüenza que sus mayores forjaron un país desventurado, desnudo de valores éticos; vendido a los mercados, como Fausto al Diablo. Los niños de mañana, ante tanto desatino, tendrán que hacer un magno esfuerzo por revertir la pasividad social de hoy.

Pero volvamos al presente, y en nuestra zozobra lancemos preguntas al viento por si alguien es capaz de contestarlas con unos mínimos de lógica. Lo primero: qué dirigente de ningún país no acata las leyes del mismo. Más: cómo es posible que se permita seguir en el cargo a un Presidente autonómico -que es el representante del Gobierno en una CC.AA- que se declara públicamente en rebeldía y avisa de que no acatará las sentencias de un Tribunal Superior de Justicia.

En Catalunya, José Montilla es el caso paradigmático de tal despropósito. Lo hace, lo dice y sigue en su puesto. Impunidad absoluta, avalada e incentivada por el Gobierno, el del Estado, mucho más preocupado por la cosecha de votos electorales que por lo delictivo de la insurgencia institucional consentida. Y que nadie se lleve a engaño con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional frente al Estatut catalán: desde la Generalitat, mientras no se cambie a los inquilinos, seguirán persiguiendo a quien rotule en español y se seguirá enseñando sólo catalán en las escuelas. Construir una nueva nación, aunque sea inventada y suponga el mayor atentado contra los derechos y libertades individuales, no tiene freno. El sectarismo nacionalista es voraz, depredador, antidemocrático. Usted y todos lo sabemos. Para qué, si no es en pos de ese objetivo, se reúne Manuel Chaves con José Montilla: para liquidar la Constitución, destrozar los marcos de convivencia y cohesión social; para imponer juntos un proyecto político minoritario y convertirlo en la apisonadora ideológica de una gran mayoría, mucho más legítima y legitimada.

La Constitución no es inmune ante estas razias de los nuevos vándalos segregacionistas. Es un documento normativo cuya vida útil debiera ser revisada y pasar por la ITV de una ley de armonización que actualice sus bondades. Pero ni a eso le va a dar tiempo. Porque la pandilla de tahúres, no los del Mississippi, sino los del Guadalquivir, está convencida de que lo progresista es deconstruir. Y quien no tenga esto claro, no es de izquierdas y por tanto, facha. A ese alto precio están ahora las libertades. Demasiados años de aposentamiento en el poder produce estas aberraciones. No deja de ser curioso que Montilla y Chaves, los dos insignes tahúres de oficio que protagonizan este artículo, políticos de bajo perfil, coincidan en haber tenido su cuna a la vera del Guadalquivir. Curioso, más todavía, es que ni uno ni otro tenga rubor en ponerse un pinganillo para que le traduzcan su idioma materno al catalán, en el Congreso. Y es que, lo mismo que hay paisaje y paisanaje, hay también estómagos que pueden con todo. Auténticos contenedores de la mentira, adalides de la mediocridad, cuyo único principio y fin es medrar y permanecer desde el poder. Maquiavélico todo.

Este PSC, amigo lector, es el hijo renegado y catalán del PSOE. Un hijo que ha estado engañando a los hispanoparlantes, emigrados a Cataluña, haciéndoles creer que eran el sinónimo de papá. Con esa táctica confiaban en que los afines de la izquierda les votasen a ellos. Un fraude de ley, porque se ha visto descaradamente que son tan independentistas -con un andaluz a la cabeza- como puede serlo CIU o ERC. Entre todos han pervertido las tesis esenciales del socialismo histórico, convirtiéndolo hoy en un sucedáneo infumable donde lo que menos importa es la ideología que les justifica como Partido. Entre todos han vuelto a dar vida a un nacionalsocialismo sectario, que brinda muy pocas posibilidades de libertad a los ciudadanos. Más valdría a estos partidos que asumiesen con valentía sus querencias, dejar de gobernar España siendo minorías, y se unificasen en algo así como el Partido Independentista Nacionalsocialista de Cataluña. Es un poner. Al menos los ciudadanos no nos sentiríamos tan víctimas de la actual estafa política, de la permanente sensación de ser cobayas del timo de la estampita. Sabríamos a qué atenernos de verdad.

Claro que a usted, amigo lector, a mí y a otros muchos ciudadanos nos quedan en el aire otros tantos interrogantes sin resolver. Como ese de qué va a hacer el castellanohablante en las próximas elecciones; despertará de la lluvia fina o, más bien, la sumisión y el adoctrinamiento darán en él sus frutos. Vaya usted a saber. Ni Constitución ni gaitas, los tahúres del Guadalquivir ya han hecho su trabajo: “no importa que tu no me votes, tus hijos lo harán”. Pero oiga, ¿no era ese un pensamiento de Hitler? Posiblemente hayan conseguido que tengamos una generación perdida de jóvenes. Sin empleo, o mal pagado. Jóvenes mantenidos por sus padres hasta edades insostenibles. Sin ilusión de una apuesta seria de futuro. Y sin valores sólidos, o relativizados al acomodo del consumo diario. Que la media mundial de jóvenes parados se sitúe en el 13 % y que en España sea del 40 % dice mucho sobre esta generación, sin objetivos ni más fe que la del día a día vivido a tope. De los valores ya se encarga el Gobierno: para destruirlos, se basta solo.

Postdata. Leo ahora… “El Departamento de Estado de EE.UU. de América, denuncia la imposición lingüística en Catalunya y Baleares por vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos”. Es más, considera que “el problema no está en los ciudadanos, sino en sus políticos en cuanto que utilizan los idiomas como arma, como instrumento de ingeniería social, para cambiar la realidad plural de sus comunidades con el objetivo de conseguir la máxima cuota de independencia”. La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística considera "una buena noticia" la preocupación del Departamento de Estado norteamericano, y considera que “es lamentable que el Gobierno de Estados Unidos, en pleno siglo XXI, tenga que llamar a la puerta de Rodríguez Zapatero para que vele por el cumplimiento de los derechos humanos en España”. Ahí es nada, blanco y en botella. ::.
*Miembro del Equipo Promotor de 90Mil Ciudadanos

29 jun. 2010

90MIL CIUDADANOS Digital ::. Comunicado::.
Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya

Por medio del presente le participo que el Pleno del Tribunal Constitucional presidido por la Excma. Sra. Presidenta doña Maria Emilia Casas Baamonde, e integrado por los Magistrados Excmos. Sres. don Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez y don Manuel Aragón Reyes, reunidos en el día de hoy, han dictado Sentencia en el recurso de inconstitucionalidad núm. 8045-2006, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, con el siguiente Fallo:

"Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, en consecuencia,

Declarar que

Carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto de Cataluña a "Cataluña como nación" y a "la realidad nacional de Cataluña".

Son inconstitucionales y, por lo tanto, nulos: la expresión “y preferente” del apartado 1 del art. 6; el apartado 4 del art. 76; el inciso “con carácter exclusivo” del apartado 1 del art. 78; el art. 97; los apartados 2, letras a), b), c), d) y e), y 3 del art. 98; los incisos “y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña” de los apartados 5 y 6 del art. 95; el inciso “por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo preside, y” del apartado 1 del art. 99; el apartado 1 del art. 100; el inciso “o al Consejo de Justicia de Cataluña” del apartado 1 y el apartado 2 del art. 101; el inciso “como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto” del art. 111; el inciso “los principios, reglas y estándares mínimos que establezcan” del apartado 2 del art. 120; el inciso “los principios, reglas y estándares mínimos fijados en” del apartado 2 del art. 126; el inciso “siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar” del apartado 3 del art. 206; y el inciso "puede incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales e" del apartado 2 del art. 218.

3º No son inconstitucionales, siempre que se interpreten en los términos establecidos en el correspondiente fundamento jurídico que se indica, los siguientes preceptos: el art. 5 (FJ 10); el apartado 2 del art. 6 [FJ 14 b)] ; el apartado 1 del art. 8 (FJ 12); el apartado 5 del art. 33 (FJ 21); el art. 34 (FJ 22); el apartado 1 y el primer enunciado del apartado 2 del art. 35 (FJ 24); el apartado 5 del art. 50 (FJ 23); el art. 90 (FJ 40); los apartados 3 y 4 del art. 91 (FJ 41); el apartado 2 del art. 95 (FJ 44); el art. 110 (FJ 59); el art. 112 (FJ 61); el art. 122 (FJ 69); el apartado 3 del art. 127 (FJ 73); el art. 129 (FJ 76); el art. 138 (FJ 83); el apartado 3 del art. 174 (FJ 111); el art. 180 (FJ 113); el apartado 1 del art.183 (FJ 115); el apartado 5 del art. 206 (FJ 134); los apartados 1 y 2, letras a), b) y d) del art. 210 (FJ 135); el apartado 1, letra d), del art. 222 y el apartado 1, letra i), del art. 223 (FJ 147); el apartado 1 de la disposición adicional tercera (FJ 138); y las disposiciones adicionales octava, novena y décima (FJ 137).

4º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás."

Han anunciado voto particular los Magistrados Excmos. Sres. don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, don Jorge Rodríguez-Zapata y Pérez y don Ramón Rodríguez Arribas.

La resolución íntegra será notificada en los próximos días.

Madrid, a veintiocho de junio de dos mil diez.

LA PRESIDENTA
Maria Emilia Casas Baamonde

11 jun. 2010

IVA y despilfarro

90Mil Ciudadanos Digital ::. Artículo de Opinión ::.
P. Carbajo, Eneas*

Pocos días quedan para que el Gobierno español aplique una de sus subidas de impuestos más sonada, prevista para el primer día de julio. Será un aumento de 2 puntos porcentuales. Elevarán el IVA desde el 16 al 18 %. El objetivo de tal media económica es aumentar la presión fiscal sobre la mayoría de los españoles, pero sin duda las verdaderas damnificadas serán las clases más desfavorecidas, como ocurre siempre con los gobiernos socialistas. Sí, "va a afectar a todos", dicen; pero lo cierto es que a quienes ingresan 700 euros mensuales les va a repercutir enormemente; porque pagarán el mismo precio por un producto que aquellos que ingresan 70.000 euros; sólo que a la economía doméstica de éstos últimos ciudadanos no les va a afectar en nada la tal subida.
::.
Y es que el despilfarro al que nos han venido sometiendo entidades locales, autonómicas y estatales a costa del dinero público -que algunos decían que, como era público, no era de nadie- al final tendremos que pagarlos dos veces. Y mientras no se replantee una reestructuración general -gobierno central, justicia, autonomías, ayuntamientos, etc.- no vamos a salir adelante; y menos aplicando parches. Cada día seremos más pobres y habrá más parados. Mientras se sigan empleando, por ejemplo, tres aviones falcons para tres ministros que van al mismo sitio, no tendremos conciencia real de la importancia de la crisis que tenemos encima. Es curioso que en el Reino Unido, símbolo de la monarquía más ostentosa, sus máximos dirigentes vayan en taxi y empleen aviones de bajo coste. Pero aquí en España parece que la democracia y la gestión ética de lo público parece que se entienden de otra manera. Aquí subvencionamos a los sindicatos de Hispanoamérica, para fomentar el empleo de las lenguas minoritarias; a algunos colegios en Francia, para que aprendan a hablar catalán; a la localidad de Perpignan, para que rotulen sus calles en catalán -chusca manera de escenificar un fraude de ley-. Por contra, en Cataluña no hay calle con placa escrita en castellano; se niegan subvenciones a todo lo que no tenga marchamo soberanista; y se persigue estalinistamente todo aquello que se sale un ápice de lo previsto en un Estatut aún por validar constitucionalmente. Y claro, vienen las elecciones autonómicas. En Andalucía, por ejemplo, las peonadas necesarias para cobrar el PER han pasado de 33 a 20; para que los clientes vuelvan a votar a los mismos caciques.
::.
Despilfarro absoluto, se mire donde se mire. El de este Gobierno no tiene comparación siquiera con el del anterior -también socialista, con Felipe González- del que mejor no hablar. En aquél, curiosamente y a pesar de todo lo acontecido, la gente tenía un respeto por su presidente. En el actual de Rodríguez Zapatero, no existe ese respeto de la gente; y menos entre los propios allegados a Moncloa. Lógico. Como bien supondrá el lector, el IVA no será el único impuesto en alza que acabe afectando directamente a las clases medias; recordamos que éstas se componen de ciudadanos a los que, quienes se tienen por socialistas, debían proteger muy especialmente por su fragilidad. El despilfarro con las subvenciones a las energías alternativas -que producen electricidad a precios prohibitivos- nos va a repercutir “otra vez” con un 4 % de aumento de precios. Sume el lector los puntos incrementados en el IVA y estará ante un bonito regalo socialista destinado a los más necesitados. ¿O será que quieren fomentar el uso del carbón para los braseros?
::.
Naturalmente, todo este enjambre viene acompañado con un aumento del IRPF, cuyos destinatarios no son los ciudadanos económicamente más pudientes sino todos los demás. En este punto, donde entran en juego funcionarios y jubilados, será obligado detenerse. Lo tendremos que analizar en un próximo artículo, sin duda.
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Mientras, habrá que estar atentos para cuando los que nos hagan un arreglo en el piso, nos pregunten: "¿cómo lo hacemos, con IVA o sin IVA?".
*Miembro del Equipo Promotor de 90Mil Ciudadanos

16 abr. 2010

Justicia secuestrada

90Mil Ciudadanos LA OPINION DE... Eneas*

Muy fuerte puede parecer este título, aunque creo que hoy es posible. De hecho lo es en países lejanos pero muy familiares, algunos del cono sur de América. Sin embargo, desde hace mucho tiempo vemos actos y hechos que invitan a pensar que no solo en esos países, sino también en el nuestro, tenemos una Justicia políticamente secuetrada. Presionada y cautiva del poder ejecutivo. Nos sorprenden actuaciones duras en contra de la gestión de jueces que han sido apartados del ejercicio de su profesión por hechos nimios. Hechos que presuntamente constituyeron faltas; unas veces por dilación en sus resoluciones, otras por inhibiciones o dejaciones en casos sobre los que tenían responsabilidad. Hablamos de jueces sin rostro, como deberí­an serlo todos, ya que no en vano la Justicia se simboliza con los ojos vendados.
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Pero tenemos casos de algunos jueces estrella -pocos, afortunadamente- que bien pudieran llegar a ser representados en las monedas de curso legal. Cuanto menos, pudiera pensarse que esa es su aspiración: la de convertirse en iconos de determinados grupos afines. Son jueces cuya consigna profesional parece ser la de atrincherarse en el bando que le acoge. Dictan siempre para una feligresí­a que justifica todas las actuaciones de su icono porque va a por los contrarios. Evidentemente, los contrarios son todos los que no están en el partido cuyas siglas sirve de paraguas al jurista de turno y sus fans. Son todos aquellos que piensan de forma distinta a la que este colectivo judicial considera la única, la buena, la progresista. Y, claro, tal pensamiento único es el llamado, cómo no, a tener el exclusivo derecho de aplicar toda justicia según sus intereses de cada momento.
::.
Es en medio de todo ese escenario donde nos sale una nueva entrega del culebrón de un magistrado singular. Un juez, Baltasar Garzón, que tiene pendientes varias causas penales en su contra, tres en concreto. Una de ellas, por prevaricación: investigar causas a sabiendas de que no se tiene competencias sobre ellas. Otras, por irregularidades jurí­dicas y económicas manifiestas -trato de favor hacia el Banco de Santander, cuyo presidente era potencial número de celda, en cuanto financiador de los costosos cursos neoyorquinos del magistrado-. Además, este mediático y nuevo guerrero del antifaz que es don Baltasar, en aras de una superior justicia a la humana, venía erigiéndose en el adalid de juzgar lo no juzgable. El resucitador de lo prescrito y sentenciado con la Constitución del 1978 [que por cierto, no fue una ley de punto final, sino un pacto -tácito e implí­cito- de consenso necesario para una ciudadaní­a que solo pedí­a paz]. Hoy es el mismo Sr. Garzón, y no sus denunciantes, quien se ha puesto a los pies de los caballos. Es decir, en el banquillo de los acusados. Posiblemente, merced a su astucia, saldrá indemne del envite. No vamos a contar aquí­ los pormenores del recorrido de este juez, pues no es el tema que nos ocupa ahora. El perfil y las andanzas de Don Baltasar, adjetivado pionero de la justicia universal, es inmenso como el mar. Lo que si­ parece incontestable, y lo pensamos muchos ciudadanos, es que con la mayoría de sus actuaciones -en ellas también hay que reconocerle aciertos- Garzón nos ha demostrado que la justicia está secuestrada.
::.
Como secuestrado esta también el Tribunal Constitucional, cuya configuración irregular impide hasta la fecha un dictamen serio y contundente sobre el Estatut de Catalunya. Un Tribunal cuyo cometido fundamental, en ese asunto, es encajar de una vez por todas dicho Estatut dentro de la Constitución de todos los españoles y no dar pábulo a los manejos cada vez más radicales de los nacionalistas soberanistas. Y como es difí­cil trabajar en semejante olla a presión, con más de tres años de cocción, seguramente el TC permitirá que se desarrolle la mayor parte de su articulado. Y seguramente, por mor de la ortodoxia constitucional, tomara la decisión de laminar un poco el texto catalán con un lifting acorde a las instrucciones recibidas del Ejecutivo. ¿Acaso no prometió Zapatero que el Estatut saldrí­a tal como se aprobara en Cataluña?. ¿A qué si no se debía la bronca -recibida en publico por la presidenta de dicho alto Tribunal- a cargo de la vicepresidenta del Gobierno?. ¿Por qué si no se consienten las continuas amenazas al estado de derecho, groseras y cobardes, que desde Cataluña profieren los grupos impulsores de la construcción nacional catalanista? El TC, si sucumbe al secuestro y la voracidad nacionalista y la interesada pasividad de los grandes partidos, ya no sólo merecería el mayor de los descréditos institucionales -como lo viene ganando a paso ligero- sino el vergonzoso estigma de ser el epígono de una España deconstruída. Y esto sería una herencia terrible para el futuro de todos los españoles.
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Las andanzas de Garzón y del TC demuestran que la ciudadanía viene soportando un progresivo descrédito del poder judicial; un órgano fundamental del Estado que debiera servir y garantizar libertades democráticas. Por eso, no sería descabellado pedir, y lo hago aquí mismo, que desaparezcan los nombramientos de los jueces a manos de los partidos polí­ticos. Y que se ponga coto a las veleidades de personajes díscolos, exigiéndoseles responsabilidades como a cualquier otro ciudadano. Porque condicionar políticamente la labor institucional y democrática de la judicatura tiene un precio muy alto, que pagamos todos. La excelencia, y no la mediocridad, es lo que se debiera primar en todos los poderes públicos. Pedir esa excelencia es pedir que los jueces no olviden que su superior función es la de juzgar con los “ojos vendados”.
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Abundando en el primer asunto -el del caso Garzón- resulta curioso que una semana después de viajar urgentemente a Europa la ministra de economí­a, Elena Salgado, el affaire resurja de las cenizas y protagonice diarios, televisiones y radios. También resulta curioso que representantes de los clubes de amigos de Zapatero -CC.OO. y UGT-, una semana después de reunirse con el presidente, monten cogidos de la mano un circo en la Universidad Complutense de Madrid, en contra de la Justicia o del Tribunal Supremo- atacando, insultando y calumniándo a este colectivo institucional; los mensajeros: jóvenes fans y demás piqueteros afines al PSOE; incluída la caterva de contumaces intelectuales progres, agradecidos de la ceja -todos ellos, por supuesto debidamente subvencionados con nuestros impuestos- que también participaron vociferantes en otra algarada universitaria, auspiciada por un rector también subvencionado. Todo es curioso, digo, pero no casual.
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Digo también, querido lector, que ante unas cosas y otras al ciudadano solo le cabe preguntar -que en esto es muy sabia la voz de la calle- sobre el porqué de todo este circo. ¿Deben estar Don Baltasar y sus protectores por encima del bien y del mal por el hecho de pertenecer a la cuerda de la extrema izquierda, y se les permita juzgar a los muertos, sin ser de su competencia jurí­dica o incluso constitucional?¿Por que habí­a representantes del Gobierno en ese circo contra el Estado de Derecho?¿Por que la vicepresidenta, impertérrita De la Vega, justifica el acto homenaje a Garzón como una discusión de pareceres o simple libertad de expresión? ¿Es que se le otorga la misma credibilidad al Tribunal Supremo que a cualquier piquetero bronquista de izquierda? ¿Porqué el Presidente del Gobierno es tan tibio y juega a tantas cartas con el asunto del Estatut y en claro detrimento del TC? Usted y yo, amigo lector, convendremos en que todo este tipo de asuntos y acciones que relatamos aquí son como mínimo desconcertantes. Asuntos sobre los que la ciudadanía pregunta y que son muy próximos, preocupantemente próximos, a lo que constituye en realidad un ataque frontal y premeditado hacia el Tribunal Supremo, el Poder Judicial y la propia democracia. Asistimos perplejos a una insensata estrategia con la que determinados grupos y proyectos políticos demuestran no creer demasiado ni en el bien común de las personas, ni en el Estado que nos acoge a todos. Estos asuntos y acciones son tics que parecen acercarnos más a la lí­nea bananera chavista de otros que a la vocación europeísta a la que nos debemos. Son simpatí­as mas afectas al trasnochado castrismo dictatorial que a las democracias con poder legislativo sólido y separado del ejecutivo.
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Por cierto, las calumnias e insultos -con voces que califican de torturador al Tribunal Supremo- no debieran quedar impunes. Quienes las profirieron o ampararon debieran ser juzgados -como todo ciudadano, pobre o rico, con poder o sin el, juez, fiscal o barbero- porque lo suyo no puede ni debe ser entendido como beata libertad de expresión. La Constitución nos dio una gran oportunidad a todos. Con ella estalló la paz, haciendo que 35 años después las afrentas quedasen como páginas didácticas de nuestra Historia. Algunos quieren empeñarse, y empeñarnos, en una fiebre pirómana de esa nuestra Historia: regresar al olvido, resucitar muertos e incendiar conciencias de jóvenes que ni tan siquiera vivieron la Transición. Es un guerracivilismo prefabricado, incompresible y, sobre todo, anticiudadano. Una escenografí­a calculada, que quiere atrapar nuestra atención de ciudadanos para, desde el rencor y las ví­sceras, desviarnos de los temas que realmente nos interesan a pie de calle. Y a esta escenografí­a manipuladora y cí­nica contribuyen las centrales sindicales, tan calladas últimamente y tan poco dispuestas a responder ante los millones de parados que tenemos. Desaparecidas en su servilismo al partido del Gobierno, conniventes hasta la vergüenza con la patronal, condicionadas por las prebendas que disfrutan sus dirigentes. Eso si­, lograron ponerse de acuerdo para, con una sola voz, mandar cada una de ellas a una minorí­a -500 liberados o piqueteros cada uno, estómagos agradecidos- rauda en llenar la plaza universitaria y vilipendiar los bienes institucionales de la mayorí­a.
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Tristes años de zapaterismo, que mucho me temo nos dejarán en crisis económica y desnudos de democracia. Y en zapatillas. Así que el desenladrillador que desenladrille todo esto, buen desenladrillador será, aunque tampoco sea el mejor. Desde luego, con tanto trabajo que hereda, saldrá del paro que es la oposición.

*Miembro del Grupo Promotor de 90Mil Ciudadanos.

23 mar. 2010

Con IVA o sin IVA

90Mil Ciudadanos ARTICULO DE OPINION

Esta disyuntiva seguro que nos recuerda, a usted y a mí, otros momentos. Tiempos no tan lejanos, donde la pregunta estaba más popularizada que ahora: ¿con IVA o sin IVA? La opción se daba sobre todo en los cobros que muchas autónomos hacían a los particulares, por las denominadas chapucillas o derramas domésticas. O sea, a todos los usuarios finales del producto o servicio. A la postre, a todos los que no podían repercutir el impuesto sobre otros. La pregunta también se producía entre empresas, y con más asiduidad que actualmente. Esta práctica de preguntar por el IVA se ha visto disminuida, en general, debido seguramente a las inspecciones; y a las fuertes multas y sanciones a los que se podía ver sometido quien fuese descubierto en tal fraude. Eran tiempos -muy recientes, insisto- en los que la cotidiana compra y venta se hacía sin miramientos bajo la etiqueta de dinero negro.

No se bien porqué se le llama dinero negro. A cuento de qué tal apelativo, no exento de cierto toque racista. Podría haberse denominado, y con toda propiedad, dinero oculto. Porque es el único que se ve y se toca. Lo demás son cheques, pagarés, letras o recibos al cobro; eso sí, con IVA. Pero que muchos de esos efectos quedan sin el susodicho, claro, ya que los impagados sí lo son en dinero invisible porque nunca se cobra. Por supuesto, tampoco el IVA que repercutía la factura. El que emitió el efecto o la factura sí paga el IVA, que no cobrará nunca. Hacienda se encarga de reclamarlo -también acompañado de fuertes sanciones- adicionando elevados intereses, gastos de demora, multas y sanciones varias.

O sea, que lo que tocas materialmente -y que se puede contar- es el dinero en efectivo que circula de mano en mano, cobrado sin IVA. Esto no quiere decir que haya desaparecido, ni mucho menos. Los que sí han desaparecido de la circulación son los billetes de 500 euros. Estas prácticas mercantiles, que eran habituales entre el vecino y el chaperón, no se van a ver disminuidas con el nuevo aumento del IVA; más bien al contrario. Y no digamos las ventas ocasionales, destinadas a obtener un precio más competitivo de determinados productos y servicios.

Con el anunciado retoque del IVA, al incremento de precios del 1 % sobre artículos y servicios se sumará otro 1 %: el que han bajado respecto a las pensiones de las clases pasivas. Los actuales jubilados, por tanto, verán disminuir su nivel de malestar en un 2 % durante este año 2010, a la espera de nuevas medidas que contra dicho colectivo estará preparando el Partido Socialista Obrero Español, alias PSOE. Y en cuanto a los futuros jubilados, esos que han nacido entorno al año 1959, van a cobrar menos que actualmente; y habrán de trabajar más para conseguir, no obstante, una disminución efectiva de sus pensiones. Vamos, lo que los socialistas llaman progreso.

Finalmente, ante la perspectiva de seguir siendo más pobres, quién preguntará en el futuro si con IVA o sin IVA en las chapuzas o transacciones más cotidianas: el que hace el servicio o el que lo va a recibir. Se me ocurre pensar que el que lo ofrece, si quiere efectuar la operación, tendrá que hacer un severo acto de conciencia para no caer en una ilegalidad y, lo que es peor, en las manos de la Hacienda pública. Lo mismo habrá de aplicarse el que va a recibir el servicio, ese jubilado o mileurista cada vez más pobre, que tratará de no caer en la tentación de pagar 820 euros en lugar de 1000. ¿O usted es de los que opinan que sí caerán?

15 mar. 2010

Inmigracion positiva, inmigracion sostenible

90Mil Ciudadanos ARTICULO DE OPINION

Asistimos últimamente en los Medios, que normalmente son fedatarios de la realidad, al desahogo desbocado de la sociedad civil ante la frustrante gran crisis que padecemos. Una tremenda crisis cuyos estragos hasta ahora padecían los ciudadanos en cuanto alempleo, la fiscalidad o la vivienda, pero que tristemente hemos ido ampliando hasta llegar a la agresividad irracional con nuestros prójimos. En Vic y otras poblaciones hemos asistido a la materialización de este tipo de desahogos, dirigidos a la parte más frágil de la cadena como es en este caso el colectivo inmigrante. Mal síntoma, sin duda, sobre el que deberíamos reflexionar.

Primero. Parece claro y consensuado que lo que ha pervivido demasiado tiempo es un malsano discurso buenista, procedente de los poderes políticos públicos y de diversas entidades, sobre el hecho inmigrante. Ese discurso miope es el que probablemente esté convirtiendo la inmigración en problema, a base de edulcorar innecesaria e incluso interesadamente -renta electoral, especulación económica- sus efectos en medio de nuestra sociedad civil. A la vista de ello, lo que procedería en ese gran escenario de la crisis sería tratarlo con rigor y replantear, tal como aconsejan expertos y analistas, algunos ejes de actuación. A partir de aplicar parámetros de solidaridad, justicia y recursos, parece viable que entre toda la sociedad mitiguemos el creciente conflicto hasta lograr erradicarlo como pretendido problema. Por supuesto, también sería básico poner punto final a debates vacuos y frentistas que abocan constantemente a la ciudadanía a actitudes e interpretaciones completamente absurdas. Parece imprescindible ponerle punto final, a tiempo y sin paliativos, a la imagen distorsionada de un fenómeno humano que en general es positivo; sin obviar que también tiene aristas, que habremos de asumir todos para que el conjunto -la suma de autóctonos y recién llegados- sea sostenible.

Segundo. Todo lo propuesto anteriormente no parece factible si no se acomenten con rigor algunos ajustes; cambios de rumbo verdadera y sustancialmente profundos.
Así, los expertos señalan como imprescindible la didáctica social, en cuanto que la ciudadanía aprenda y asuma que no hay buenos ni malos inmigrantes, sino en todo caso perfiles diferentes conviviendo y compartiendo en una misma realidad. Además, parece imprescindible la total aplicación de la ley, en cuanto que debemos hacerla justa pero efectiva; es probable que nuestro sistema jurídico se haya empeñado en ser demasiado permeable a la impunidad; por ello se antoja necesario que la ley y la justicia, ambas, se clarifiquen y presten de una vez por todas el servicio adecuado y universal a todos los ciudadanos sin discriminaciones positivas mal entendidas; una acogida jurídica que no signifique, desde luego y de ninguna manera, tolerar sistemáticamente la irregularidad. Toda inmigración contiene inevitablemente una porción reducida de delincuentes; eso sí, muy reincidente; este hecho de reincidencia es el que más destacan -o venden- los Medios; y es el que acaba a la postre causando una alarma social, de todo punto fuera de lugar. Por tanto, parece imprescindible una mayor contundencia en las penas jurídicas, a fin de que esta porción de delincuencia ni nazca, ni crezca ni se reproduzca amparada en la sensación de impunidad.
Los analistas ven también imprescindible que no se alimenten o consientan focos o elementos claros de putrefacción (pisos patera, economía sumergida, mafias, degradación de entornos urbanos muy determinados, etc.); se habría de reclamar a las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y cualquier órgano con responsabilidades públicas) más y mejores recursos, necesarios para atender al colectivo inmigrante de forma suficiente y eficaz; ello sin incurrir, evidentemente, en agravios comparativos -lesivos, incomprensibles o directamente antidemocráticos- respecto a la ciudadanía autóctona. Y también parece imprescindible, cómo no, darle mayor calado a los servicios sociales, así como al resto de iniciativas culturales. El camino hacia la inmigración sostenible no es la integración forzada -y menos la condicionada por los intereses políticos- sino la convivencia sostenible, arbitrada y armonizada; los servicios sociales y el tejido asociativo de las ciudades deben tener capacidad real para dar respuesta al tiempo libre de los inmigrantes, teniendo en cuenta que este colectivo sufre en mayor medida el desempleo, el desarraigo y los conflictos domésticos.

Visto todo esto, resultaría fácil concluir en que no hay xenofobia en nuestro país y que todo se soluciona con unos ajustes más o menos contundentes. Puede ser. Pero los sucesos de Vic y tantos otros hechos aislados que ocurren cada día, y muy cerca de nuestras casas y barrios, nos advierten. No sé qué opinará usted, amigo lector, pero yo me temo que no será nada fácil ni pronta la solución de este envite. Aunar inmigración positiva e inmigración sostenible no es una cuestión baladí.
Por demás, los sucesos que propician y abren este artículo de opinión nos recuerdan que la condición humana, sometida a la presión de las carencias, puede muy bien devenir en magma volcánico impredecible. No sé bien si cabe denominarlo xenofobia. En todo caso sí habríamos de reconocer, estimado lector, que existen malestares sociales provocados por el auge de distintas realidades culturales en un mismo espacio de convivencia. Por eso lo importante aquí sería actuar regulando mejor estas relaciones; desde la proximidad, para que las sensaciones puntuales de malestar no degeneren ni sirvan de pretexto a nadie, ni se traduzcan en verdadero problema. Los expertos y analistas abogan, y supongo que también todos nosotros, por positivar la situación, convirtiendo la inmigración en valor sostenible de futuro. Es una tarea que ya está en el tejado de nuestros gobernantes, cuya responsabilidad ocupa el primer término. Pero, desde luego, también es un compromiso necesario de toda la ciudadanía :.

5 mar. 2010

Desempleo y eufemismos

90Mil Ciudadanos ARTICULO DE OPINION

El empleo, todos lo sabemos, está muy mal. Los parados son víctimas de la crisis y piden soluciones. Ya mismo necesitan que se acomentan urgentemente reformas estructurales del mercado de trabajo. No hay que tener miedo a las reformas cuando a estas se les dota de capacidad para mejorar una situación tan caducada o negativa como la actual. Pero los parados son también víctimas de la mala gestión política. Es más que probable que con su situación se esté beneficiando a alguien. En todo caso, lo que parece evidente es que tenemos un grave problema de crecimiento, pero también de productividad e imaginación. Los trabajadores sufren las carencias del sistema en primera persona y pagan la pervivencia de estructuras normativas y formativas totalmente caducadas.

A algunos analistas "progresistas" se les llena la boca en los medios de comunicación, pregonando convencidos de que hay que flexibilizar el empleo; pregonando la necesidad de negociar desde el Gobierno con los sindicatos y resto de agentes sociales para que el coste del despido no sea tan elevado. Este tipo de proclamas nos muestra el manejo que se hace de una verdad a medias. Lo que en realidad hay que proteger es al trabajador, sin que ello suponga al mismo tiempo no incentivar al empresariado. Entonces sí que cabe abrir la mesa a los negociadores, para escuchar a los trabajadores con unas mínimas garantías de éxito en el empeño. Despedir es fácil, lo difícil es mantener. Veamos a los miembros de la mesa.

La CEOE, la patronal. No inspira ninguna confianza y esa tarea de reconstrucción del empleo es difícil que la haga. ¿Qué confianza puede inspirar una organización empresarial que pone su credibilidad en juego, a manos de un presidente que está en el ojo de la Justicia, precisamente por haber sido mal empresario? Lo que han pensado: ninguna. Además, la CEOE está más cerca de conceptos esclavistas, retrógrados y especulativos que de conceptos de solidaridad social del siglo XXI. Su presencia en una mesa de negociación resulta kafkiana porque su permanente doctrina del abaratamiento del despido ha dado paso a un incesante abuso sobre los trabajadores. Por supuesto, no pierde oportunidad para pergeñar y proponer nuevas modalidades de contratos basura. Es cierto que el valor económico de las empresas es fundamental para el Estado, eso no lo niega nadie con dos dedos de frente, pero por encima de los valores economicistas están los sociales. Por encima de los beneficios de unos pocos deben primar los derechos de todos. Y esto último a la CEOE parece importarle un pimiento.

Sigamos con más miembros de la mesa. Los sindicatos. Hoy por hoy tampoco se significan como los valedores naturales del trabajador. Son más bien un lastre del sistema que los ciudadanos soportamos con estoicismo y resgnación. Su desprestigio galopante viene dado porque se sospecha que está vendido a los grandes lobbys que manejan las entretelas del Estado. Los sindicatos han tirado por la ventana de los intereses -algunos incluso ruines- la esencia que los justificaba como actores principales del estado de bienestar.

La ineptitud de patronal y sindicatos han abocado al abismo a casi cuatro millones y medio de españoles.Qquieran o no, lo hagan mejor o peor, habrán de ponerse de acuerdo con el Gobierno porque el melón del desempleo está más que partido y la ciudadanía no cuenta con nadie más para recomponer su sangría.

El tercer convidado a la mesa, por tanto, es el Gabinete de Zapatero. Algunos postulan que una de las "soluciones" que se maquina desde Moncloa podría comenzar al cobijo de aquél término acuñado por el propio PSOE en su Manifiesto Político de 2008: "flexiseguridad". No sé a usted, pero a mí me suena a un nuevo eufemismo de urgencia como los que tiene por costumbre recetarnos el señor Rodríguez Zapatero y su cuadrilla de minsitriles subalternos. Don José Luis es el rey del eufemismo del siglo XXI. Los socialistas llevan bastante tiempo persisitiendo en ese empeño perverso de no llamar las cosas por su santo nombre. Una táctica para, seguramente, desviar la crítica directa y evadir responsabilidades pasándole la patata caliente a otro. Ah, y para asegurarse la continuidad electoral.

Perverso, también y sobre todo porque supone llamar y tomar por tontos a los españoles. La estrategia basada en el eufemismo busca no el suavizar las situaciones, cosa difícil de lograr ante los millones de parados de este país, sino engañarles con ellas y no reconocer las responsabilidades de gestión. Es una versión nueva del cuento "El traje nuevo del emperador", pero con los papeles cambiados. Así, a los parados -el 'emperador' de este cuento- se les niega la existencia de la crisis general, y la del empleo en particular, aunque la tienen delante de los ojos. Y si insisten los trabajadores en ver crisis, se les dice que lo que ven es un 'crecimiento negativo'. Y así cientos de lindezas. Las estrategias fundamentadas en el engaño son, para colmo, muy virales. Porque son fáciles y gozan de impunidad. El contagio llega en primer lugar a los pillos, delincuentes y vivos de diferente calado. Y después, al tejido social de a pie. "Flexiseguridad" vendría a sumarse a la larga lista de palabros diseñados por nuestros gobernantes para hacernos creer que los trabajadores vamos vestidos. Tremendo.

Por último, y no menos baladí, está la otra de las grandes "soluciones" que ante grandes males se fabrican desde Moncloa. Es aquella que se basa en la doctrina de reducir el gasto público en cuanto congelación de salarios de los funcionarios del Estado. Adelgazar la Administración, vaya. Y este fondo, destinarlo a gasto social. El mismo procedimiento de trasvase de capital se podría efectuar, dicen, teniendo como expropiado económico a los empleados de Ayuntamientos y CC. AA. Todo este fondo recaudado podría destinarse, según el Gobierno, a promocionar el empleo y mejorar el bienestar social. Como bien se ve, una solución bárbara. Viene a defender aquéllo de "desvestir a un santo para vestir a otro". No es de recibo. Estamos buscando siempre cabezas de turco que paguen los errores de gestión de unos y la avaricia desbocada de otros. Gestores eufemistas y avariciosos quedan protegidos; la gran banca de este país, intacta y sin corrigenda en sus malos hábitos financieros. Y cabezas de turco los de siempre,es decir los trabajadores. Fundidos, desesperados y con el melón del mercado laboral abierto en canal, se preguntan qué va a ser de ellos mañana:.

18 feb. 2010

Autonomías, futuro a tres manos

90Mil Ciudadanos ANALISIS

Abandonada ya la línea ideológica marxista, el nuevo socialismo lleva tres décadas tratando de dar forma a un igualitarismo social. Ese mismo objeto ha guiado a la derecha en su llamado viaje al centro, dejando en el olvido o moderando el liberalismo doctrinario. En medio de ese giro en sus discursos, los dos ejes políticos terminan alumbrando el nuevo Estado providencia, exigencia cívica de nuestros días.

Al socialismo democrático [PSOE], utópico antes de pasarse al libre mercado, le toca abrir la ventanilla de la financiación autonómica dominado por dos necesidades inapelables. Una, la inevitable territorialización del Estado. Otra, la necesidad de pervivir ideológicamente. El socialismo de hoy sabe que su igualitarismo es compatible con el desarrollo económico, pero siempre que éste se base en la universalidad de los grandes servicios públicos. Las siglas no pueden obviar hoy una nueva justicia redistributiva. La ideología que gobierna lo hace no ya sólo desde una mayor o menor fidelidad a un acrónimo, más o menos histórico, sino desde los gustos y las preferencias.

A la derecha que quiere mantenerse como relevo incuestionable [PP], le toca como mínimo observar y tomar buena nota. Porque la ciudadanía pide más hechos y menos definiciones; más responsabilidad en la gestión política y menos frentismo barato. La ciudadanía es consciente que tiene hoy sólo dos manos y que ambas han de serle útiles. Por eso empieza a estar harta de tanto bipartidismo vacuo, tanto brindis populistas al sol, copiados al socialismo del siglo XXI y manidos por el aspirante impaciente.

Es en este contexto, de recolocación de criterios y conceptos, donde se mueven el plan de financiación autonómica y los tres tipos de grandes fondos garantistas que se contemplan desde el Gobierno. Una recolocación que nos acerca a la fórmula federalista del Estado, vía gasto y recaudación. Y una recolocación que, evidente e indefectiblemente, jibariza la Administración central en pro de nacionalidades y regiones y en detrimento de un otrora todopoderoso centralismo de lo público.

Es posible, por tanto, que se necesite el concurso de algún elemento intermedio. Alguna iniciativa verdaderamente transversal que, desde el propio tejido social y a través de la propia escena política, intervenga a modo de una tercera mano, rompa la inercia del electorado y garantice por fin aquello que tanto la izquierda como la derecha se empeñan en obviar: los derechos e intereses reales del ciudadano. Algunos analistas advierten del hartazgo y cuestionan la pervivencia del actual mapa autonómico. Para unos, por ser gravoso e insostenible su endeudamiento económico. Para otros, por devenir en una potencialmente corrupta red de taifas que propicia el enfrentamiento social y que impone el factor territorial por encima del valor de las personas. Para ambos, por ser una formulación seguramente caduca de la estructura del Estado.

Sólo una gran crisis global como la de ahora podría, desgraciadamente, ser el caldo amniótico del que surja un nuevo concierto. Esta vez un concierto regenerador, a tres manos como mínimo, capaz de armonizar un mañana político y social distinto para toda la sociedad civil :.

16 feb. 2010

La jubilación a los 67 años

90Mil Ciudadanos ARTICULO DE OPINION

Regular el ssitema de pensiones no es un tema nuevo. Recordemos que el gobierno del PSOE en tiempos de Felipe González con el también repetido ministro Solbes, tenían a la SS en quiebra, ya nos advertía el ministro para que nos fuéramos espabilando y contratar seguros privados para hacer frente a la jubilación. Con el tiempo se fue rebajando la prestación a base de aumentar los años para el cálculo de la misma. El cambio de gobierno de otro signo evitó que la SS se hundiera y hemos podido llegar hasta la nueva crisis con el partido socialista en el gobierno, crisis de la que tampoco han sabido salir. Ahora los mismos nos plantean que la jubilación se alargue hasta los 67 años, días después de haber bajado las pensiones como ha ocurrido en este mes de enero de 2010, por medio de subir el IRPF. Y ya tenemos todos un motivo para discutir o posicionarnos pensando racionalmente sobre la viabilidad del sistema. Ahí nos querían, que los demás propusieran una medida de ahorro a costa de los pensionistas y que no aparecieran los socialistas como los responsables de los pensionazos y dejáramos de hablar del número de parados.

¿Qué ocurre si se alarga la jubilación 2 años más?, simplemente serán dos años más en que los jóvenes retrasaran su incorporación en el mercado del trabajo. Si esta medida se planteara en un momento en que no hay 4,5 millones de parados podría tener sentido, sin embargo se desvía la atención sobre el paro en España por otra discusión en que los partidos se manifiestan, pero que no han aportado ideas para la solución del paro. ¿Han tenido en cuenta que si entraran 3 millones de parados en el mercado laboral no sería necesario alargar la jubilación?, al menos en tiempo.

Nos dan datos de que si un ocupado mantiene a 1,3 personas el sistema no es viable, ¿y si trabaran los que se han quedado sin empleo?. Parece que se asume que el paro en España no tiene solución y hay que hay que manejarse con lo que tenemos, y ahí es donde no debemos de caer.

También dudo de que los pensamientos del este pueblo instrumentalizado sean superiores a los sentimientos y necesitemos una terapia colectiva que nos haga olvidar aquello tan fuera de época como la izquierda o la derecha, y pensar como Ciudadanos libres de etiquetas, que continuamente nos han ido inculcando con la propaganda y con leyes de memoria histérica, que han servido para dividirnos. El solución al paro existe, hay que cambiar el gobierno.
No nos engañen, no van a pagar más impuestos los que ganen más de 50.000 euros al mes como decía José Blanco, lo van a pagar (lo pagan ya) los pensionistas, los parados y los que tienen su hoja de nómina controlada por Hacienda. Son las clases más débiles las que pagan el desaguisado, tampoco las grandes fortunas. ¿Ha oído alguien que vuelva a subir el IRPF al 45 % para grandes ingresos?.

No se termina todavía, el aumento del IVA anunciado contribuirá mucho en la pérdida de poder adquisitivo de los más desprotegidos, eso son pérdida de derechos sociales, y es que Zapatero dice que no, sabiendo que es que sí, y se lo creemos.No al aumento de la edad de jubilación. No a la jubilación a los 50 o 51 años o inferiores a 60 años por conveniencia de las empresas y acuerdos entre ellas y la S.S. porque hemos de pagarlas todos. Cuando se prohíban estas jubilaciones y el paro disminuya al 8 % entonces se podrá estudiar la viabilidad del sistema, mientras tanto no se puede alargar la edad de jubilación con el paro excesivo que tenemos :.