Conflicto YPF en Argentina. La presidenta, Cristina Fernández de Kichner, mantiene un agresivo pulso con varias empresas españolas, todas ellas de gestión privada y encabezadas por Repsol. Es el clímax de una Kichner que, en clave interna, necesita hacer valer su poder político. Al incluír la expulsión, casi literal y por la fuerza, de los directivos de la planta petrolera, se ha liado parda. Todo por el suculento pastel que significa el yacimiento de Vaca Muerta; un nombre, dicho sea de paso, bastante agorero. Y a todo esto, los ministros españoles Soria y Margallo no atinan con un posicionamiento claro. Rajoy, en México, hace lo que puede: loas al bienestar que proporcionan gigantes como Banco de Santander, Telefónica o la misma Repsol. El presidente español, de siembra por si acaso y para un público que sin duda interesa: el latinoamericano.
Para nosotros, los de 90Mil Ciudadanos, creo que lo más importante aquí -dejando aparte el análisis estrictamente económico y de mercado- sería aplicar una diplomacia contundente, pero con altura. Una diplomacia que responda al aspecto social -la fraternidad con los argentinos nunca debe cuestionarse- y a lo jurídico más que a lo empresarial. Sobre todo porque en esto último, en la cosa de los negocios, es fácil quemarse los dedos: ¿quién se atreve a poner las manos en el fuego por la completa licitud, bondad y ortodoxia en los negocios de grandes multinacionales, con nombre en castellano pero con sus beneficios dinerarios -inmensos, bien guardados- en Suiza? Nadie, oigan, nadie: nos quedamos sin extremidades; fe hay mucha, pero ingenuidad ninguna. Por tanto, huelga toda amenaza y numantinismo de Estado que, procedente de Madrid, sólo serían entendidos como vulgar pataleo. Son exigibles cauces de negociación serios, especilamente cuando quien tiene la sartén por el mango se enroca bien enrocada, como Kichner: tiene a su favor no sólo a más de la mitad del electorado, sino al propio Congreso bonaerense.
Y es que este es un asunto de intereses económicos puros y duros, en el que todos tienen derechos y también deberes. A veces se gana, a veces se pierde. Y ante cualquier duda en la actuación institucional española, Exteriores debe recordar que para nuestro país más importante que una Kischner son los más de 40 millones de ciudadanos argentinos. Ese es un norte que no debemos perder.
Por lo demás, por la cobertura a las empresas inversoras con domicilio en nuestro país, bien que se actúe; pero ya digo que sin excesos de galería. Sin duda, el conflicto es un mal signo de inseguridad de negocio privado ante el poder público. Puede afectar negativamente en el flujo de inversores; a corto plazo, al que opta España; a medio plazo, al que pudiera optar la propia Argentina. Kichner ha maniobrado con órdago a la grande, en el momento más oportuno para ella como mandataria; las formas, ya se ve, no le han importado mucho; como tampoco la coherencia: buscará otro inversor privado, sea chino o americano; al fin y al cabo, siempre podrá parapetarse en los mismos argumentos que los esgrimidos ante YPF y, como a España, cederle una participación residual. Al conglomerado de empresas con acciones de Repsol sólo les queda olvidarse del tiempo invertido en Argentina y luchar por recuperar el máximo de capital posible. Son negocios, amigos. Es lo que pasa cuando chocan los intereses de empresa privada, por un lado, y los de un Estado populista 'neo peronista' por otro: se mueve mucho dinero y mucha estrategia política de largo alcance. De verdad, no sabemos hasta qué punto puede, debe o no, actuar España intermediando en el asunto. Repsol ha perdido, de todas, todas, su silla en YPF. Creo que el Gobierno español debe tratar de mantenerse en las tareas consulares más estrictas y cerrar el conflicto comercial lo antes posible, evitando males mayores; un cierre que siempre debe estar pensado en orden a los intereses futuros de los ciudadanos españoles residentes en Argentina, tanto como el de los argentinos residentes en España. Es decir, a nivel de respetuosa y conciliadora asistencia de unos y de otros.
El camino de Repsol, como apunto en otro párrafo de este artículo, es claro: luchar por la indemnización; cosa que, parece, sólo tiene posible ante el Tribunal Arbitral de Washington y a partir del documento que regula los acuerdos entre las partes, el suscrito en 1995. La UE puede y debe ayudar en ese pleito; más que nada por aquello de "cuando las barbas de vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar". Y la indemnización sólo puede cubrir dos cosas: el daño cesante y el lucro emergente. Y ahí se acaba la historia. Por eso considero que la intervención de nuestro Mº de Exteriores debe ser firme, sí, pero capaz de sobrevolar los intereses empresariales en pro de los civiles. Kischner ha jugado una carta impropia, e ingrata, con España; cabe que se tenga que arrepentir más pronto que tarde, pero lo hecho... hecho está.
Como cierre a este artículo, dos últimos apuntes. Uno: las nacionalizaciones surgidas del interés político unilateral -es decir, no consensuado con la parte afectada- suelen acabar todas en una grave inseguridad jurídica para las empresas expropiadas; realmente, no son buenas para nadie. Por tanto, de justas tienen más bien poco, haya o no indemnización. Aquí, ni los españoles ni su Gobierno están hoy a favor de ninguna nacionalización de empresas privadas. Todo lo más, y cosa muy distinta, determinadas intervenciones temporales en algunas entidades o grupos bancarios -como el de CatalunyaCaixa y otros- cuya situación de solvencia no ha podido solucionarse mediante otras alternativas.
Y otro: saber y tener muy claro siempre que la parte estratégica empresarial que, de alguna manera y cogida con pinzas pudiera representar en un momento dado al Estado, no faculta a éste para encubrir, justificar -o ambas cosas a la vez- las 'heterodoxias' inversoras privadas. El Estado, el nuestro, no puede ser cómplice de la avaricia hecha holding; de la ausencia de escrúpulos para la especulación. Lo de Argentina es un toque de atención, pero también un escarmiento. El por algunos llamado 'expolio' es un mundo técnicamente complejo -tanto como las porciones en las que está dividido el conglomerado Repsol YPF, porque todo él tampoco es en absoluto español- y por ello no nos metemos materias que no dominamos. Me quedo constatando simplemente que la parte de negocio argentino de Repsol está, insisto, en el tejado del Tribunal Arbitral de Washington; y el resto, YPF, en la maraña política argentina. Y todo lo demás son entresijos diplomáticos que, quizá para suerte nuestra, desconocemos.
*Vice-presidente de 90Mil Ciudadanos.
