ORGANIZACIÓN CÍVICA DE IMPULSO SOCIAL
Confederada a Ciudadanos de Centro Democrático [CCD]

ULTIMA HORA INFORMATIVA

25 mar. 2011

Justicia, ese grave problema

90Mil Ciudadanos Digital
.:: Artículos de Opinión :: Mario Ruiz*

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Cada día es mayor el divorcio entre ley y justicia. Dos pilares del estado de derecho que debieran estar armonizados. Y no estarlo propicia sentencias como la del caso Marta del Castillo o la de tantos otros sucesos de infausto recuerdo. Víctimas no sólo por mano de los agresores directos, los delincuentes de obra. Sino víctimas también del propio sistema, ese que por omisión, dejadez o indiferencia no consigue asumir su cometido de garante eficaz y ejemplar de derechos y libertades. Es decir, asistimos impávidos a la victimización crónica de los ciudadanos.

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La legislación es deficiente, sin duda. Es posible que, en alguna medida, tenga que ser imperfecta para poder dar cabida universalista a la ciudadanía. Pero en ningún caso debiera de carecer de ese prurito de reforma que la haga no sólo entendible, sino fiable y asumible por quienes deben someterse a ella. Las modificaciones suelen estar afectadas siempre de determinados lastres: encaje con la jurisprudencia internacional, 'vacíos' que permitan incorporar necesidades legislativas del resto de CC. AA., etc. Con que somos legos, y no pretendemos ejercer o aparentar un conocimiento profundo y riguroso del que carecemos, la idea que queremos expresar aquí es que no todos los lastres son aceptables. Y uno de ellos, que incide demasiado a menudo en el curso de las propuestas de ley, es el de los intereses políticos de partido. Es decir, que no se activan las leyes y/o las reformas legales pensando en el servicio al ciudadano, sino más bien en las rentabilidades que éstas pueden suponer en múltiples aspectos a los intereses de poder de los partidos que gobiernan.

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Y los criterios interpretativos judiciales, poco asumibles por la ciudadanía, suelen quedar cautivos de ese viciamiento. Es por eso que hablamos de la politización de la justicia. El resultado, lógico; y más que previsible, inevitable: un sistema judicial desbordado, falto de recursos materiales y humanos, pero también parco en el esfuerzo de cambiar el chip corporativista; un colectivo de jueces con buena voluntad y preparación -los hay, y muchos, relamente excelentes y eficientes- pero no siempre de conducta ejemplar por culpa de determinadas 'estrellas' estrelladas y de algunos personajes díscolos menores pero con toga; una falta tal de armonización de criterios en las sentencias, que demasiado a menudo acaban creando alarma social por infumables; etc, etc.

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Lo más grave aquí son dos cosas, e efectos ciudadanos. Una, que este divorcio -bajo nuestro punto de vista- propicia una sociedad que camina como pollo sin cabeza; casi podríamos decir que España camina sobre la delgada línea roja del delito las 24 horas del día, en medio de una sobreproducción de derechos mal entendidos. Y otra, que lejos de aquéllo que señalábamos como deber y valor fundamental del poder judicial -ser garante fiable de derechos individuales dentro del estado de derecho- lo que vemos es que se ha instalado en la sociedad la sensación de injusticia y desprotección permanente. En otras palabras, que la impunidad es cada vez más la dueña de vidas y haciendas. Los ciudadanos no están exentos de responsabilidad en ello, por supuesto; ante la Justicia, les sobra temor y les falta respeto. Por eso es tan esencial que, en democracia, la ley y la justicia sean capaces de mediar con gestión intachable.

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Porque hablamos de una sensación, sí. Pero a los ciudadanos, que normalmente tienden siempre a moverse y actuar por sensaciones -es decir, desde la visceralidad- no les queda otra opción para expresar su desacuerdo cuando se consideran vulnerados; cuando ven un abismo insalvable entre la realidad de su tragedia cotidiana y las puertas, costosas, del juzgado. Y no es admisible que la Justicia sea indiferente ante el traslado abusivo de causas y tribunales a platós de televisión, a tertulias de radio o a columnas de prensa. En cambio sí sería positivo que atendiese los requerimientos -más o menos organizados- que empiezan a clamar con fuerza para que eso no sea así; para que los tribunales, donde sí se contempla la figura del jurado popular pero no el público, asuman el control. Máxime cuando tales requerimientos empeizan a escucharse desde el nuevo y potente altavoz -o portavoz?- de la ciudadanía: el mundo digital.

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Así las cosas, lo más terrible en este escenario es no percibir ninguna respuesta hacia las víctimas que se acumulan. Respuestas que atiendan sus dramas de hoy; respuestas capaces de prevenir los dramas de mañana. Cada caso evidencia que este país está enfermando, merced a leyes nacidas no ya pobres en el espíritu de ayuda o servicio a las personas sino con taras de difícil digestión social -ley del menor, ley del aborto, ley de dependencia, ley de paridad, ley de protección de la mujer, etc. etc.- que dejan cada día a las familias, como la de la joven Marta, sumidas en el dolor, la impotencia y la indignación. Justicia, ese grave problema sin resolver.

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*Miembro del Equipo Promotor de 90Mil Ciudadanos