La aprobación del Estatuto de Cataluña en 2006 supuso un giro radical que ni siquiera logró amortiguar la discutible sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010. Es más: la no aceptación por los nacionalistas catalanes -incluido el PSC- de la interpretación que finalmente adoptó el Tribunal, tuvo como consecuencia una primera manifestación a favor del Estatuto, deslegitimando así a ese órgano constitucional.
En ese momento, el Estado de Derecho quebró en Cataluña para surgir, en su lugar, una tendencia nacionalista totalitaria que se basa, confundiendo salvas sean las partes con las témporas, en que la “democracia está por encima de las leyes y los tribunales”. El problema español es que el Estado de las Autonomías, a partir del Estatuto catalán, se ha acabado desbordando, y resulta ya difícilmente viable por la incoherencia de su funcionamiento, por su desmesurado coste económico y por la selva inextricable de normas que paradójicamente contribuyen a la inseguridad jurídica, que es el mejor caldo de cultivo para la corrupción.
En suma, es un Estado invertebrado que ya no nos podemos permitir y que se ha convertido para algunos en una sala de espera para la independencia.